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Las facultades de los inspectores de trabajo en la fiscalizaciones en materia de SST en construcción

Colaboración: Cristina Oviedo, Asociada de Payet, Rey,
Cauvi, Pérez Abogados

En setiembre del 2017 Sunafil aprobó el “Protocolo para la Fiscalización en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción” (en adelante, “Protocolo”), con el objetivo de estandarizar las actuaciones inspectivas en dicha materia y, de este modo, dotar de predictibilidad y seguridad jurídica a tales actuaciones.

En efecto, dicho protocolo establece disposiciones y criterios específicos para realizar un adecuado ejercicio de la labor inspectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, “SST”) en el sector construcción, sobre la base de lo establecido en las leyes sobre la materia y anteriores directivas emitidas por la Sunafil.

Así pues, el presente artículo tiene como objetivo detallar las principales facultades con las que cuenta la Inspección
de Trabajo en el ejercicio de la labor inspectiva en materia de SST en el sector construcción, así como importantes
recomendaciones para afrontar con éxito una fiscalización laboral en dicha materia.

1.Generación de órdenes de inspección
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo, en las fiscalizaciones en materia de SST que sean originadas por decisión del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT) – se priorizará, entre otros empleadores, a los que realicen
actividades de alto riesgo, como lo son las de construcción.

Sin perjuicio de ello, se debe tener presente que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 007-2017-TR, dentro de un mismo año fiscal la autoridad inspectiva de trabajo no puede programar más de una orden de inspección sobre una misma materia respecto del mismo sujeto inspeccionado; siendo que las órdenes de inspección que se emitan en contravención de la referida prohibición de duplicidad de inspecciones, no
podrán concluir con la emisión de un acta de infracción.

En tal sentido, el SIT no puede generar dos o más órdenes de inspección sobre SST en una misma empresa del sector construcción, salvo que la segunda y siguientes órdenes de inspección se originen en la denuncia realizada por cualquier administrado y, particularmente entre ellos, por los trabajadores y las organizaciones sindicales.

2. Trámite de las actuaciones inspectivas de
investigación
2.1. Antes de iniciar las actuaciones inspectivas
El inspector debe indagar la etapa en la que se encuentra la obra, tomando como referencia la información declarada en la Ficha RUC de la empresa fiscalizada u otras fuentes de información, con la finalidad de conocer los riesgos asociados a la obra.

Asimismo, antes de iniciar el recorrido por las instalaciones del empleador, el inspector debe solicitarle el IPER (Identificación de peligros y evaluación de riesgos) y el Mapa de Riesgos. Si el empleador no cuenta con dicha información, el inspector conjuntamente con el empleador y con un representante del Comité de SST y/o el Comité Técnico de Seguridad y Salud de la obra de construcción, deberán elaborar un mapa de distribución de las actividades que integran las diversas etapas del proceso productivo, así como solicitar al empleador la relación de los trabajadores que laboren en cada una de dichas etapas.

2.2. Durante las actuaciones inspectivas
Las actuaciones inspectivas en materia de SST deben realizarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles; siendo que tales actuaciones deben iniciarse preferentemente con una vista de inspección, dentro de los 10 días hábiles de recibida la orden de inspección; salvo que se trate de la investigación de accidentes de trabajo mortales y/o enfermedades ocupacionales denunciados o que provienen del reporte del Sistema de Accidentes de Trabajo u otras que requieran urgente intervención, en cuyo caso las actuaciones inspectivas deben iniciarse el mismo día de recibida la orden de inspección.

Durante el recorrido por las instalaciones del empleador, el inspector debe usar los EPP necesarios a efectos de protegerse de los peligros a los cuales se encuentra expuesto: zapatos de seguridad, casco de seguridad, chaleco, lentes de seguridad y otros según la realidad de la empresa inspeccionada. En caso existan áreas que podrían generar algún riesgo específico, el Protocolo señala que el inspector debe solicitar al sujeto inspeccionado la entrega de EPP específicos y que le indique las medidas preventivas que debe conocer para salvaguardar su seguridad.

Al respecto, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1187 señala que – como parte de las facilidades que deben brindar para la fiscalización laboral – las personas naturales o jurídicas que desarrollan obras de construcción civil cuyo valor supere las 50 UIT, incluyendo los contratistas y subcontratistas, deben contar con equipos de protección personal para no menos de 4 representantes de las autoridades competentes, entre las cuales se encuentra el Sistema de Inspección del Trabajo.

Si bien se trata de una disposición legal vigente, resulta cuestionable que sea la empresa de construcción civil quien
deba proporcionar los EPP a los Inspectores, toda vez que como regla general corresponde que cada empleador otorgue los EPP necesarios a sus trabajadores. Así pues, debería ser Sunafil quien entregue los EPP que todo Inspector que fiscalice obras de construcción debe usar; y, solo ante un riesgo específico no cubierto por tales EPP, el sujeto inspeccionado debería entregar los EPP que de manera adicional tendría que usar el inspector.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que los inspectores se encuentran facultados para practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesarias para verificar que las disposiciones legales sobre SST se cumplen de manera correcta. Así pues, se encuentran facultados a realizar recorridos por las instalaciones del lugar de trabajo, entrevistar a trabajadores y/o representantes de los trabajadores ante el Comité de SST, representantes de las organizaciones sindicales (siendo obligatoria su participación en el caso de la
investigación de accidentes mortales), tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el centro de trabajo, realizar mediciones, obtener fotografías y/o videos, incluir en las visitas inspectivas a peritos y/o técnicos, solicitar al empleador la entrega de documentación estrictamente vinculada con la verificación de las materias de SST objeto de inspección, entre otras diligencias.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, se debe tener presente que, conforme a lo señalado en el
artículo 240 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, así como los inspectores se encuentran facultados a grabar las actuaciones inspectivas que realicen, los empleadores tienen el derecho de “realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen”. Asimismo, conforme a lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1310, en el marco de una inspección laboral, el empleador tiene el derecho de presentar los documentos solicitados por el inspector en versión digitalizada del original, sin que ello pueda ser cuestionado por el inspector.

Adicionalmente, si en las actuaciones inspectivas, el inspector detecta algún riesgo grave e inminente a la SST de los
trabajadores y éste no puede ser controlado por el empleador en el mismo acto de la visita inspectiva, podrá ordenar la paralización o prohibición parcial o total de trabajos, mediante la emisión del acta respectiva. Dicha medida no afectará el pago de las remuneraciones o indemnizaciones que procedan a los trabajadores afectados.

2.3. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores
Conforme a lo señalado en el Protocolo, durante las actuaciones inspectivas, el inspector deberá poner especial énfasis en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, “LSST”), es decir en el cumplimiento del deber de vigilancia que debe realizar la empresa principal o usuaria, respecto al cumplimiento de las normas de SST por parte de sus contratistas, subcontratistas y
entidades de intermediación laboral.

  • En efecto, dicha norma dispone que la empresa principal (en caso de tercerización de servicios) o usuaria (en el supuesto de intermediación laboral) en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, es responsable de garantizar lo siguiente:
    a. El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en SST que incluya a todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores.
    b. El deber de prevención en SST de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones.
    c. La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador
    durante la ejecución del trabajo; siendo que en caso de incumplimiento, la empresa principal o usuaria es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.
    d. La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST por parte de sus contratistas,
    subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal o usuaria es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.

Al respecto, cabe precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 103 de la LSST, en materia de SST, la entidad empleadora principal o usuaria, según sea el caso, responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones, los trabajadores de empresas de intermediación laboral destacados en sus instalaciones.

Siendo ello así, si una empresa contratista no cumple con sus obligaciones legales en materia de SST – por ejemplo, no otorga EPP adecuados a su personal – y ello es verificado por un Inspector en el marco de una inspección, la empresa principal podrá ser sancionada con una multa, en tanto que se entiende que no ha cumplido con su obligación garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores que laboran en sus instalaciones; sin perjuicio de que se abra una nueva orden de inspección para el empleador directo de tales trabajadores.

Adicionalmente, en este caso, la empresa principal sería responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones
que pudieran generarse en caso algún trabajador de la empresa contratista sufra algún daño como consecuencia de
un accidente de trabajo.

2.4. Finalización de las actuaciones inspectivas
Finalizadas las actuaciones inspectivas, si es que no se detecta la comisión de alguna infracción, el inspector emite el informe correspondiente, concluyendo con ello la inspección.

Por el contrario, si se advierte la comisión de alguna infracción, el inspector emite la respectiva medida de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones detectadas sin que las haya subsanado, se extenderá el Acta de Infracción con la que se dará inicio al procedimiento sancionador.

Cabe precisar que, conforme a lo señalado en el artículo 48.1-C del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, “Reglamento de la LGIT”), el incumplimiento de la normas sobre SST que ocasione un accidente de trabajo que produzca la muerte o invalidez permanente total o parcial del trabajador, para el cálculo de la multa a imponerse, se considerará como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa.

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, aun cuando se trate de una micro o pequeña empresa, la multa se deberá calcular en función de la tabla de sanciones No MYPE del artículo 48 del Reglamento de la LGIT, además de aplicarse una sobretasa del 50%. En el caso de micro y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE, el descuento del 50% previsto en el artículo 39 de la LGIT, se deberá aplicar luego de realizado el cálculo antes señalado.3.

Recomendaciones
A continuación se detallan algunas recomendaciones prácticas a efectos de afrontar de manera exitosa una fiscalización laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo:

  1. a. El inspector debe ser atendido en un plazo no mayor a 10 minutos. De lo contrario, se entenderá que se ha incurrido en una infracción a la labor inspectiva.
    b. Es importante que se pregunte al inspector sobre la razón de la visita y las materias que serán objeto de inspección. Los empleadores tienen derecho a ser informados del objeto y del sustento legal de la inspección.
    c. El inspector solo está facultado a solicitar la entrega de documentación estrictamente vinculada con la verificación de las materias objeto de inspección. Si no hay una conexión objetiva y razonable, el empleador puede negarse a presentar la documentación requerida, sin que ello pueda ser calificado posteriormente como una obstrucción a labor inspectiva.
    d. El empleador tiene el derecho a realizar grabaciones en audio y/o video de las diligencias en las que participen.

Es importante tener en consideración que, en cualquier acta que los Inspectores emitan durante las actuaciones inspectivas, el empleador tiene derecho a incluir las observaciones que considere pertinentes. Así pues, en caso no se esté de acuerdo con alguna observación efectuada por el Inspector, es importante que se deje constancia de dicho desacuerdo en el acta respectiva, toda vez que los hechos que se formalicen en las mismas merecen fe, de acuerdo a lo establecido en la LGIT.

 

La Dra. Oviedo es asociada del estudio, especializándose en derecho laboral y previsional.

Cuenta con un máster en Dirección de Recursos Humanos de la EAE Business School, de Madrid. Es licenciada en Derecho de Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006.

Ejerce la docencia como profesora de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola.

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